Recientemente conocimos el caso de la californiana Cory Tschogl (no se ahogue) que arrendó durante y mes y medio su piso a un hombre a través de la plataforma de alquiler de apartamentos AirBnb. Pasado el mes y medio, el individuo en cuestión decidió quedarse de okupa en la vivienda. Las leyes de California permitían, de alguna manera, que el sinvergüenza del inquilino siguiera residiendo en la vivienda. El caso es muy largo y muy tremendo, y puede leerse perfectamente explicado aquí.

A estas alturas no sabemos si Cory ha podido expulsar al okupa de su vivienda. Este incidente desagradable me recordó las propuestas que hacen políticos como Ada Colau o Pablo Iglesias, que defienden que es necesario prohibir los desahucios. Para ambos, esta prohibición sería una de las primeras medidas que aprobarían si rascaran poder. Es terrible que una persona firme un contrato y no pueda cumplirlo y por ello deba ser expulsado de su vivienda habitual. Es un drama cercano cuya gravedad nadie puede negar y que nos remueve a todos la conciencia, sin duda. Y no se puede mirar hacia otro lado, y por ello el Estado debe proteger y reubicar a estas personas, que no pueden acabar viviendo debajo de un puente.

1365163708_0

En televisión las cadenas progresistas nos ofrecen lamentables casos de personas expulsadas fuera de su hogar por los malvados bancos. Estas personas un día se levantaron de la cama, se ducharon, desayunaron y bajaron libremente a su oficina bancaria a pedir una hipoteca. Firmaron el contrato y con el tiempo, por los motivos que fueran, no pudieron hacer frente al pago de esa hipoteca. Tras varios meses impagados, el banco, tal como estaba acordado por ambas partes, puso en marcha los mecanismos para que las personas que ocupaban esa vivienda fueran expulsadas. Un drama, recordemos, firmado por ambas partes.

Pongamos otro caso igual de habitual: el de los alquileres. Una señora mayor tiene su vivienda familiar alquilada a un señor que lleva dos años sin pagar el alquiler. La señora mayor necesita el dinero del alquiler para poder pagar la residencia de ancianos en la que pasa la etapa final de su vida, pero el señor que vive en su vivienda no paga porque no puede o porque prefiere gastarse el dinero en otras cosas. Después de unos meses, la señora mayor es expulsada de la residencia de ancianos, pero no puede regresar a su vivienda porque hay un señor viviendo en ella. Tampoco puede vender la vivienda, porque hay un señor viviendo en ella. Así que finalmente, la señora mayor, impotente, se queda en la calle mientras un señor, recuerden, vive en la que ha sido su vivienda de toda la vida.

Este tipo de casos no los veremos jamás en La Sexta o en Cuatro, ni serán ejemplo para que Ada Colau nos venda su buenismo de manual. Y estos casos ya existen, pero por suerte la justicia, aunque tarde, acaba expulsando al gorrón de turno de la vivienda que no le pertenece. Si se prohíben los desahucios, gente como esta señora mayor, tendrá que resignarse a dar por perdida su vivienda. Con las ideas de bombero de Colau e Iglesias, será imposible alquilar una vivienda, porque el arrendador siempre tendrá la duda de si ese mes a su inquilino le va a apetecer pagar el alquiler o no. Y es que si igualamos las consecuencias de pagar un alquiler o una hipoteca y las consecuencias de no pagarlos, la gente pronto elegirá no pagar. Es fácil de entender. Si mañana el Gobierno anunciara que los límites de velocidad de las carreteras se mantienen como están, pero que los conductores que superen esos límites de velocidad no serán multados, todos sabemos lo que sucedería: que gran parte de los conductores superaría esos límites de velocidad despreocupadamente.

Pretender resolver el problema de los desahucios prohibiéndolos es como querer acabar con el alcoholismo prohibiendo la venta de alcohol, como querer acabar con la ludopatía prohibiendo el juego o como querer acabar con la ninfomanía prohibiendo el sexo. Son ideas aparentemente sencillas y efectivas para resolver problemas más bien complejos. Es decir, en definitiva y por definición, es populismo.

Los problemas no se solucionan con prohibiciones. Es evidente que nadie quiere que una familia se quede viviendo en la calle, pero para eso habrá que buscar soluciones a los casos concretos, igual que se ayuda a los alcohólicos sin necesidad de prohibir nada a todos los demás.

Recuerdo cuando la PAH de Ada Colau comenzó pidiendo la dación en pago. Dación en pago que ya se aplicaba y se aplica en gran parte de las ejecuciones hipotecarias en España. Es una petición razonable que un banco no te esté persiguiendo una vez que has devuelto la vivienda objeto de la hipoteca, además de haber pagado, teóricamente, parte de la hipoteca concedida. La dación en pago tiene sus consecuencias, pero entran dentro de lo razonable. Evidentemente no evita los desahucios, pero sí que facilita que una persona pueda intentar rehacer su vida sin un lastre, a menudo, insoportable.

Pero como ha venido pasando estos años, con el tiempo las peticiones razonables se han convertido en peticiones que son puro populismo barato, mero eslogan engañabobos. Lejos de lo que Pablo Iglesias define como un problema que podría solucionarse en un día, este es un asunto complejo. Los ciudadanos deberían pensar que la mayoría de los problemas que no están resueltos actualmente es porque, dicha solución no es precisamente sencilla de conseguir.

El desahucio es un mecanismo imprescindible para que se puedan conceder hipotecas y para que se puedan poner pisos en alquiler. Si se prohíbe, la economía se convertirá en una jungla. Si el incumplimiento de un contrato no acarrea consecuencias al incumplidor, lo probable es que muchos contratos se incumplan. Y lo peor es que los motivos para ese incumplimiento, para ese impago de lo acordado, cada vez serán más caprichosos.

¿Recuerdan cuando en 2008 el PSOE creó varios juzgados para agilizar los desahucios? Acertó. No acierta, ahora, cuando su postura es contraria a lo que hizo cuando gobernaba. El día que se apruebe la prohibición de los desahucios, automáticamente subirán los precios de las hipotecas para todos. El banco querrá más ventajas para poder asumir el mayor riesgo de impago al que se enfrentará. Es decir, la mayoría cumplidora se verá perjudicada por la minoría morosa. Con los alquileres pasará igual: las exigencias de los arrendadores serán mayores cada vez.

Eso sí, tonto será el que no corra al banco a pedir la hipoteca más grande que le puedan conceder. Una vez concedida y una vez comprada la vivienda, uno ya se convierte en indesahuciable. Que espere el banco, que ya ha adelantado el dinero, a que el cliente quiera o no quiera pagar algún día lo acordado. De momento el hipotecado ya irá disfrutando de la vivienda que ha pagado la entidad bancaria.

Como decía al principio, todos estamos de acuerdo en que las instituciones deben intervenir cuando una familia queda en la calle. Pero que una familia pueda perder su vivienda es necesario y es justo. Y en ningún caso ni el banco ni el arrendador son los responsables del destino de esa familia, sino que lo son los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado.

Claro está, todo esto usted no lo escuchará en La Sexta o en Cuatro. Y, evidentemente, el ciudadano medio no tiene tiempo para llegar a estas conclusiones sencillas por sí mismo ni tiene tiempo para leer absurdos blogs como éste. Por eso, acompañado de unas cuantas imágenes de dramas personales, el eslogan fácil y directo cala en el público: para solucionar los desahucios basta con prohibirlos. Es usted un genio, tiene mi voto.