El Gobierno ha puesto recientemente sobre la mesa la posibilidad de aprobar una reforma de la Ley Electoral antes de las próximas elecciones municipales. El objetivo del ejecutivo del PP es que en los ayuntamientos gobiernen las listas más votadas. Desconozco si hay intención real de afrontar el cambio legislativo, o si solamente están obligando a los partidos a retratarse. Por ejemplo a Podemos, el partido otrora sin ideología, que parece cerca de coaligarse con Izquierda Unida y con “la casta” si es necesario. También está el PSOE, que debe decidir si está con la extrema izquierda o no. Desde el principio el PP parece inconscientemente feliz con la polarización de la política española en dos frentes: el PP y la izquierda radical antisistema. Yo o el caos, el sistema o el fin del sistema. En esta polarización, un PSOE moderado le sobra al Gobierno (y tal vez al país).

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Jedis pactando en los despachos a espaldas del Senado y de la democracia

No parece, desde luego, el mejor momento para plantear y aprobar la reforma, a nueve meses de las elecciones. Además, parece complicado conseguir apoyos (salvo el de CiU) para aprobarla a estas alturas. Esta más que probable falta de acuerdos a la hora de afrontar una reforma de tanto calado solamente sirve para sembrar un malísimo precedente del que podrían aprovecharse en el futuro partidos radicales (si casualmente alcanzan el poder). El oportunismo político y la falta de consenso es lo único verdaderamente reprochable en este asunto. Eso y que, obviamente, el cambio favorece a los populares. Por lo demás, la hipotética reforma tiene sentido, aparecía ya en el programa electoral del PP (para una cosa que quieren cumplir) y la elección de la lista más votada es tan democrática (a falta de los detalles) que ya se aplica en países como Francia, Italia y Reino Unido.

¿Por qué el PP quiere cambiar la ley electoral?

El problema para los populares es que en España está terriblemente mal visto cualquier pacto con ellos. Se ha demonizado a la derecha, a la que se ha tildado de ladrona, antidemocrática, asesina y fascista con absurda gratuidad. Cuando te dedicas a decir a tus votantes que los populares son los nietos de los franquistas, es difícil llegar a pactos e incluso sentarse a negociar. Es bueno recordar el Pacto del Tinell en el que las fuerzas políticas catalanas pactaron que en ningún caso negociarían con el Partido Popular. Es decir, alcanzaron un pacto para no pactar con una fuerza concreta. Muy democrático. Le siguió el cordón sanitario del gobierno de Zapatero, acompañado de la repetición hasta el aburrimiento del término “la derecha extrema” aplicado al PP. Son dos ejemplos, pero podrían ser muchos más.

Con esta siembra, para un partido de izquierdas es casi inaceptable pactar o sentarse a negociar con una formación a la que te has empeñado en situar fuera del juego democrático, fuera de lo aceptable. Así que el PP está condenado a alcanzar la mayoría absoluta para poder gobernar, mientras que los demás partidos solamente necesitan que el PP no alcance esa mayoría absoluta para gobernar ellos. Algunos hablan de una mayor capacidad de negociación de los partidos de izquierda. Yo lo llamo incapacidad de aceptar que el Partido Popular es tan democrático como el PSOE o UPyD y que lo normal es pactar con ellos cuando son la fuerza más votada.

¿Qué ocurriría si PP y PSOE acordaran formar un gobierno central de concentración? Sería un suicidio para los socialistas y sus votantes castigarían duramente al partido. Tanto es así que, cada vez que preguntan sobre el tema a un político del partido progresista, su respuesta negativa suele ser contundente, para que no quede ningún atisbo de duda. Rubalcaba en mayo de este año dijo: “Mientras yo sea secretario del PSOE, no habrá gobierno de concentración”. Es una negativa por sistema, a años vista e independientemente de las circunstancias que se puedan dar. ¿Pactar con el PP? Antes muertos. Esta situación nada tiene que ver con la política en Alemania o en la Unión Europea, donde grandes fuerzas de distinto color político pactan sin que nadie se rasgue las vestiduras.

Mientras tanto en España es más habitual que pacten todo tipo de partidos, a menudo muy heterogéneos, con un único punto en común: que no gobierne la derecha aunque tenga el apoyo de los ciudadanos. Solamente así se explican gobiernos como el del Partido Regionalista de Cantabria en 2003. El PSOE le entregó la presidencia a Revilla, que no había sido votado ni por uno de cada cinco cántabros, con tal de que no gobernara el PP, con el 43% de los votos. Gracias a esta “inteligente” jugada socialista, en 2007 el PRC obtuvo más votos que el PSOE. Revilla volvió a gobernar. En 2011 el PSOE siguió bajando y obtuvo la mitad de votos que en 2003 y no fue capaz de dar un tercer gobierno a Revilla. Enhorabuena.

Si vamos a los ayuntamientos, las aberraciones son todavía mayores. Sirvan de ejemplo algunas de las que han desvelado las Nuevas Generaciones del PP de Valencia:

En la localidad alicantina de Pedreguer, apoyado en un tripartito, gobierna un señor que pasaba por allí y que obtuvo el 17% de los votos y dos concejales, cuando el PP obtuvo 6 escaños.

En Burjasot, en Valencia, fue alcalde Jordi Sebastià de Compromís con el 8,96% de los votos y 1.726 votos, frente a los 8.370 que obtuvo el PP. De haber alguna coalición tripartita contra el PP, lo lógico (por respetar un poco los deseos de los ciudadanos) es que hubiera gobernado el PSOE que tuvo el 34% de los votos. En la popular localidad gaditana de Chipiona gobierna un alcalde de Izquierda Unida, que obtuvo el 10,75% de los votos y dos concejales de 17. En Moncófar, en Castellón, un concejal del Bloque Nacionalista Valenciano pudo elegir qué partido gobernaría el municipio. El PP quedó en la oposición a pesar de haber obtenido el 47% de los votos.

En Sueca, en Valencia, gobierna un alcalde que tuvo el 8% de los votos y 2 concejales de (atención) 21. Bloc y PSOE prefirieron dar la alcaldía a quien casi nadie votó antes de dar su apoyo a la lista más votada, la del PP.

En Villarreal (Castellón) el PP obtuvo 10.124 votos, frente a los 6.810 de la segunda fuerza más votada, el PSOE. Eso sí, ninguna de las otras tres formaciones políticas representadas en el ayuntamiento fue capaz de pactar con el PP. Con el apoyo de una habría sido suficiente para que gobernaran los populares. Sin embargo, las tres prefirieron apoyar al PSOE en una alcaldía cuatripartita que depende, por ejemplo, de los caprichos de dos partidos con el 5% y el 6% de los votos.

En Jaraco, también en Valencia, el Bloc dio su apoyo a la lista más votada, la del PP. Pero pasados dos años se cansó, se reunió con el PSOE y ambos presentaron una moción de censura para echar al alcalde. Ahora, gracias a los socialistas, gobierna un alcalde que obtuvo el 16% de los votos y 2 concejales de 13. En definitiva, en Jaraco el alcalde lo deciden dos concejales según sus caprichos.

¿Alguien se imagina que tras las elecciones generales de 1996 no hubiera gobernado Aznar con mayoría simple y sí una fuerza con el 10% de los votos como Izquierda Unida con el apoyo el PSOE?

Ni hablemos de esos lamentables casos de transfuguismo surgidos de la contradicción que hay entre que votemos al partido (y sus listas cerradas) y que luego el escaño pertenezca al político, con el peligro que eso conlleva (es un imán para la corrupción y los chanchullos). El caso de Ponferrada es de los más llamativos y penosos. El PP gobernaba con mayoría simple con 12 concejales de 25. Y es que ningún partido había querido pactar con Agrupados de Ponferrada al estar liderado por Ismael Álvarez, ex alcalde y condenado por acoso sexual en el conocido como “Caso Nevenka”. Aparte de lo lamentable que resulta que el 16% de los ponferradinos votaran a alguien condenado por acoso, es también lamentable que un partido como el PSOE decidiera llegar a la alcaldía con su apoyo y tras una moción de censura. Tanto fue así, que Rubalcaba, acertadamente, pidió al grupo socialista de Ponferrada que echara atrás la moción de censura. No todo vale para llegar al poder. Pero el nuevo alcalde, Samuel Folgueral, emocionado con su nuevo cargo, prefirió abandonar el PSOE con el apoyo unánime de sus siete concejales. Tanto querían al partido, que tardaron 24 horas en decidir el abandono de la formación de izquierdas con tal de acceder al poder en la ciudad leonesa. El condenado por acoso, Ismael Álvarez, abandonó el Ayuntamiento tras la moción de censura. Es decir, una ciudad de 68.000 habitantes cambió de alcalde por una venganza personal. En definitiva, Ponferrada tiene ahora al frente de su ayuntamiento a un partido al que nadie ha votado. Para rematarlo, Folgueral se autonombró concejal de Urbanismo y Vivienda. Los chanchullos no se han hecho esperar, por supuesto

Volvamos a los pactos contra el PP. Normalmente todos los partidos se alían para perjudicar a los populares, pero hay algunas pocas excepciones. En aquellos lugares en los que partidos de izquierdas y el PP son capaces de negociar y de pactar hay mucha luz democrática. El caso más destacable es el de Extremadura, donde Izquierda Unida permite que los populares puedan gobernar aquella comunidad, en contra de los deseos de Cayo Lara. También existen algunos pactos municipales. Por ejemplo entre PP y PSOE, como en Horta de San Juan (Tarragona), donde CiU no gobierna a pesar de haber tenido el 46,3% de los votos. Los convergentes de esta localidad tienen la alcaldía garantizada si se aprueba la reforma electoral. Al mismo tiempo hay medio centenar de ayuntamientos en los que PP e IU han llegado a pactos para que gobierne la lista más votada, como en Hellín (Albacete), Almonte (Huelva) o Villaconejos (Madrid), donde el odio político entre socialistas y comunistas me consta que es notable. En definitiva, y citando al cursi de Juan Carlos Monedero, hay relámpagoss en la noche (petardo).

El sistema se defiende

Es evidente que lo ideal sería que superáramos mensajes reaccionarios, que la izquierda renunciara a sacar provecho a ese anacronismo de “las dos Españas” y que dejara de escurrir el cadáver de Franco y de sus supuestos descendientes. Porque además, si hay partidos anclados al pasado, son aquellos que hablan de dictaduras del proletariado y ponen el puños en alto en sus mítines, tal como hacen Maduro o Ahmadineyad (y esto de los puños incluye, tristemente, al PSOE). Pero parece que va a tardar en llegar esa situación, ese marco realmente democrático en el que todas las fuerzas negocian con normalidad (en todos los lugares y a todos los niveles) y en el que los partidos pequeños no ejercen un poder que no les corresponde. Así que la reforma electoral, de momento, parece lógica.

Creo que sin la irrupción de un partido bolivariano y marcadamente antisistema como Podemos, el PP no se hubiera planteado este cambio legislativo. Creo que, sencillamente, hubiera aceptado algunas pérdidas menores en ciertos municipios. Pero el Gobierno está tan preocupado con las elecciones municipales como con las generales y sabe que es importante que Podemos obtenga en los municipios y comunidades autónomas un resultado discreto para frenar sus aspiraciones para 2015. Es importante pinchar el globo de la euforia y la utopía.

Esta es la lógica defensa del sistema establecido ante los que quieren acabar con él a base de populismo y tertulias televisivas. Y por eso el PP está sorprendido de que los socialistas no les apoyen en esta reforma que pretende que los partidos frikis se queden prácticamente sin posibilidades de acceder a gobernar ayuntamientos. De haberlo sabido o de haber podido retroceder en el tiempo, otras democracias en el pasado hubieran cambiado algunas reglas del juego para evitar la llegada al poder de determinados partidos y de determinados líderes de triste recuerdo. Elija usted los ejemplos.

El PSOE, lejos de recoger de entrada el guante que le ha tendido el Gobierno, valora ahora si les resultará más rentable liderar el frente unánime de todas las demás fuerzas políticas, que seguramente convocarán movilizaciones en las calles contra la reforma.

Mientras los socialistas se lo piensan, los populares consideran que modificar la Ley Electoral no les hará perder apenas votos. Es difícil pensar que algún votante del PP pueda cambiar su voto porque con la nueva normativa el PP vaya a tener más posibilidades de gobernar en su ayuntamiento. Es como si esperáramos que los aficionados culés denunciaran que los árbitros favorecen al Barça. Y, tal como en el fútbol llamamos “llorones” a los que se quejan del arbitraje, el PP ya está llamando “antidemócratas” a aquellos que no apoyan esta reforma electoral.

Para demostrar que los demócratas son los populares y no la oposición, pronto veremos encuestas en algunos periódicos en las que preguntarán a inocentes ciudadanos si están de acuerdo con que gobierne el partido más votado. Si hacen bien la pregunta, sin aditivos, la mayoría contestará afirmativamente, por mera lógica democrática. Pronto el PP podrá decir que la reforma es lo que desean la mayoría de los españoles. Lo cierto es que si en el debate y en el interés de la ciudadanía ha estado alguna vez la reforma electoral, no era en esta dirección.

Pero el cambio en las reglas del juego que pretende el PP tiene sentido, y no creo que sea necesariamente una merma democrática, ya que, como decíamos, funciona en otros países europeos plenamente modernos. Sí es un freno importante a los partidos pequeños, que acabarán formando coaliciones antes de las elecciones. En teoría se perderá pluralismo político, pero al mismo tiempo la nueva normativa evitará pactos ridículos, alcaldes que casi nadie quiere, transfuguismo, cordones sanitarios, chanchullos poco limpios y chantajes absurdos de partidos sin apenas apoyo, que son los que a menudo acaban eligiendo quién gobierna en un municipio. En definitiva, una vez modificada la Ley Electoral, si una formación política quiere arrebatarle un ayuntamiento al PP (o al PSOE), lo que tendrá que hacer es conseguir más votos que el PP (o el PSOE). Y eso es algo indiscutible y rabiosamente democrático.